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MODELOS PARA SOLICITAR INTERDICCIÓN EN EL PERÚ

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2.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PERSONA SORDOMUDA QUE NO PUEDE EXPRESAR SU VOLUNTAD DE MANERA INDUBITABLE

3.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PERSONA QUE SUFRE RETARDO MENTAL

4.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PERSONA QUE ADOLECE DE DETERIORO MENTAL QUE LE IMPIDE EXPRESAR SU LIBRE VOLUNTAD

5.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PRODIGO

6.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PERSONA QUE INCURRE EN MALA GESTIÓN

7.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE EBRIO HABITUAL

8.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE PERSONA INCAPAZ QUE CONSTITUYE GRAVE PELIGRO PARA LA TRANQUILIDAD PUBLICA

9.- MODELO DE DEMANDA DE Rehabilitación DEL INTERDICTO

10.- MODELO DE DEMANDA DE INTERDICCIÓN DE TOXICÓMANO




Aquí algunos comentarios sobre la figura de la interdicción en el Perú, según nuestro Código Civil.

SOLICITUD DE INTERDICCiÓN

ARTICULO 583

Pueden pedir la interdicción del incapaz su cónyuge, sus parientes y el Ministerio Público.

CONCORDANCIAS:

C. art 159
C.C. arts. 159, 236, 237, 238, 564; 565 inc. 1; 566, 571, 584, 585, 586, 587, 588
C.P.C. arts. 546, inc. 3); 581,583

Comentario

Luis Antúnez y Villegas

En términos generales, la capacidad jurídica se reconoce a todas las personas; sin embargo, ciertas condiciones o cualidades, sin implicar verdaderas diferencias, modifican la capacidad jurídica o influyen en la capacidad de obrar. Es así que constituyen causas modificatorias de la capacidad, la edad, condiciones de salud, física o mental, conductas y, en algunos casos, sanciones.

Es por ello que, como instituciones de protección, surgen la tutela y la curatela; la primera como protección al que, por razón de edad, no puede valerse por sí mismo y la segunda en relación a aquellos que, siendo mayores de edad, no se encuentran en aptitud de actuar por sí mismos, al encontrarse incursos en situaciones que, para el ordenamiento, los privan de discernimiento.

En el Derecho Romano, inicialmente se consideraban como personas que carecían de la capacidad de obrar a los denominados furiosii, a los prodighi, los mente capti, esto es, a los que, hoy en día, se consideran alienados mentales, pródigos, retardados mentales. Con el devenir del tiempo, se amplió a los que padecían enfermedad grave, a los mudos, sordomudos, situaciones que, igualmente, aparecen detalladas en el artículo 43 del Código Civil y se dieron algunas otras que no son consideradas por nuestro ordenamiento, así como tampoco se consideraron varias que sí se establecen en la actualidad. Salvando estas diferencias, sin embargo, existe hasta hoy un criterio uniforme de actuación ante tales casos. Cuando se produce alguna causa que se considere limitativa de la capacidad de obrar de quien es considerado apto legalmente, debe solicitarse la interdicción de quien se encuentre incurso en ellas. Este vocablo, en buena cuenta, significa la declaración judicial de incapacidad de obrar de un individuo.

En tanto que al Derecho no le interesa la causa limitativa en sí sino los efectos que ella produce en la voluntad del sujeto, en la medida en que afectan el discernimiento del individuo (discernimiento representa un razonamiento lúcido, correcto y adecuado dentro de los cánones de la lógica), se hace necesario que la determinación de la incapacidad se sujete al criterio de una autoridad determinada y no al libre arbitrio de cualquiera, sea o no pariente del afectado.

El criterio del Derecho Romano, esto es que la interdicción debía ser declarada por un magistrado, se ha mantenido hasta la actualidad, no solo en nuestro ordenamiento sino en muchos otros que tienen sus raíces en él. Y no puede ser de otra manera en la medida en que la intervención de una autoridad, administrativa o judicial, ofrece cierta garantía de imparcialidad en la evaluación de las causas que originarían la interdicción.

Así, los artículos 294 y 295 del C.C. argentino derogado y artículo 470 del C.C. nuevo; 443 y 460 del C.C. de Chile; 489, 490 Y 492 del C.C. de la República Dominicana; 447 y 450 del C.C. del Brasil; 583 y 584 del C.C. del Perú de 1936; así como el artículo bajo comentario del Código Civil actual, expresa o tácitamente, determinan que la interdicción exige decisión jurisdiccional.

En nuestro ordenamiento, si bien se exige la decisión jurisdiccional, ésta no puede ser solicitada por cualquiera sino por aquellos que, específicamente, autoriza la ley. Es posible que el legislador haya considerado que solo puede existir interés legítimo en quienes guardan relación de parentesco con el afectado y, desde el punto de vista del interés social, esta facultad se haya concedido al Ministerio Público, organismo que se encuentra en la obligación de intervenir como peticionario en razón del principio de solidaridad. Sobre este punto, encontramos un modo distinto de enfocar el problema en relación al antiguo Derecho Romano. En éste, mediante una acción popular, cualquier ciudadano podía solicitar al magistrado la interdicción de quien estimaba se encontraba incurso en las causal es establecidas.

La idea de limitar las personas que pueden solicitar la interdicción no es exclusiva de nuestro ordenamiento. Idéntico criterio se sigue en los ordenamientos de los pueblos iberoamericanos, en tanto que la determinación de ciertos estados de la vida social no puede ser dejada al arbitrio individual por los perjuicios que traería al orden social, e idéntico criterio se sigue en cuanto a la facultad de petición de la interdicción.

Cierto es que puede debatirse la conveniencia de limitar la facultad de solicitar la interdicción, sobre todo en épocas como la actual en que la población ha crecido vertiginosamente y que los organismos estatales pueden no darse abasto para ubicar o discernir a quienes pueden encontrarse incapacitados, aparte de que trámites de índole burocrática pueden demorar el formular la petición, con el consiguiente peligro que ello acarrea. No obstante, esta limitación tiene, igualmente, razones para su vigencia, entre las que se podría señalar la de prevenir peticiones maliciosas formuladas por terceros que carecen de interés legítimo para obrar.

Sin embargo, es posible admitir que aquel que tiene interés legítimo, lo cual quedará siempre a criterio del juez, debería ser considerado en el texto del artículo en comentario.


DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV, Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998. .

PRÓDIGO

ARTICULO 584

Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden de su porción disponible.

CONCORDANCIA:

C.C. arts. 587, 724, 725 a 728

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Dentro de la curatela típica para mayores de edad incapaces, trata el legislador la situación del incapaz, que lo es en atención a la pérdida de todo o parte de su patrimonio, y por ello corre el grave riesgo de caer en la miseria y hacer caer en la miseria a su familia, convirtiéndose en una carga para la sociedad. Analicemos a quién se le puede considerar pródigo.

Pródigo.- Para los efectos de la curatela es el disipador que, mediante actos irracionales, irresponsables o que denotan ligereza o falta de ponderación del valor de las cosas, dilapida bienes que exceden de su porción disponible teniendo cónyuges o herederos forzosos, tal como lo describe el artículo 584. El pródigo es el derrochador de sus bienes, el que hace gastos excesivos o frívolo consumo de sus bienes, aquel que no tiene un concepto claro del valor de las cosas y por ello los dilapida; algunos llegan a decir que en la prodigalidad hay una suerte de desarreglo mental, una falsa concepción de la riqueza.

En lo que toca a la dilapidación de bienes que exceden de su porción disponible, debemos decir que el legislador introduce un concepto del derecho sucesorio al referirse a la porción disponible, esto es, cuota o parte del patrimonio del causante que es de su libre disponibilidad, porción que puede ser de un tercio, si los herederos forzosos son descendientes y/o cónyuge, o la mitad si los herederos forzosos son ascendientes; ahora bien, merece crítica la distinción que trata de hacer el legislador cuando dice "cónyuge o herederos forzosos", por cuanto el cónyuge es también un heredero forzoso tal como lo consigna el artículo 724 del Código Civil.

La razón de ser de la referencia del legislador a normas de sucesiones sobre cuota disponible, herederos forzosos y demás, resulta lógica en tanto que se trata de proteger los derechos expectaticios de los herederos forzosos que se verían vulnerados si es que no hubiera una norma que impida al dilapidador que malgaste y pierda su patrimonio, en atención a que parte de ese patrimonio corresponderá a esos herederos forzosos cuando ocurra la apertura de la sucesión del causante.
Por otro lado, justificable la norma por cuanto se quiere evitar que la persona devenga en situación de pobreza e insuficiencia, convirtiéndose en una carga para su familia y para la sociedad misma, por ello se llama a un tercero, que con el nombre de curador va a cuidar sus bienes para evitar la pérdida de esos bienes; sin embargo, cabe una pregunta que aún no tiene respuesta a nivel legislativo, esto es, si no existen herederos forzosos del pródigo ¿nadie podría accionar?; sobre el particular creemos que tocaría a los familiares no considerados como herederos forzosos, y si no los hubiera, correspondería al Ministerio Público que con una actuación prudente, impida que la gente se constituya en una carga pública.


DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DiEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV. Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDiA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 11, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.


INCAPACIDAD POR MALA GESTiÓN

ARTICULO 585

Puede ser declarado incapaz por mala gestión el que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos.
Queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión.

CONCORDANCIA:

C.C. arlo 724

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

En este caso también el legislador incluye dentro de los incapaces que requieren curatela a una persona que deviene en esa situación, en atención a la pérdida de parte de su patrimonio teniendo familia cercana, y así como hicimos el comentario respecto del pródigo también es de aplicación para el mal gestor, la razón de ser de su regulación para impedir que se convierta en carga para la familia y para la sociedad. Pero quien es el mal gestor, veamos:
Mal gestor.- Tal como lo describe el artículo 585, es la persona que, no a causas o factores extraños o ajenos a él, sino por falta de aptitud, vocación o idoneidad para el manejo de negocios o bienes, llega a perder más de la mitad de sus bienes teniendo cónyuge o herederos forzosos.
Interesa comentar y distinguir la situación del mal gestor respecto del pródigo; en efecto, en el caso de éste su desarreglo mental gira en torno a no apreciar el valor de las cosas y por ello el derroche de los mismos, mientras que en aquél sí hay concepto claro del valor de los bienes, pero no hay diligencia, conocimiento, pericia para administrar esos bienes, y es esta impericia la que lo lleva a perder parte de su patrimonio.
Por otro lado, en el caso del pródigo, la ley para considerarlo como tal pone un límite de pérdida de los bienes, esto es, porción disponibie (puede ser un tercio o mitad de su patrimonio, dependiendo de la calidad de los herederos), existiendo herederos forzosos, mientras que en el caso del mal gestor, la pérdida la refiere a la mitad del patrimonio, existiendo herederos forzosos, en consecuencia ellegislador está considerando más grave la situación del pródigo, mientras que en el caso del mal gestor, situación difícil de dilucidar y por ello se deja al arbitrio del juez apreciar la mala gestión, se le da mayor campo de acción, pues para considerarlo como talla pérdida debe ser superior a la mitad de sus bienes.

La misma crítica que se hizo respecto del pródigo se hace en este caso, cuando el legislador erróneamente diferencia cónyuge de herederos forzosos, cuando sabemos que el cónyuge es igualmente heredero forzoso; tal como lo reconoce el artículo 724 del Código Civil, bastó decir "teniendo herederos forzosos".

DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV, Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 11, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.
¡se


CURATELA DEL EBRIO HABITUAL O TOXICÓMANO

ARTICULO 586

Será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual, o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena.

CONCORDANCIA:

C.C. arto 44, incs. 6) y 7)

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Si en los casos del pródigo y del mal gestor un problema de orden económico los lleva a ser declarados incapaces y a nombrárseles un curador, en los casos que plantea el presente artículo, son otras razones las que obligan al legislador a regular la situación del ebrio habitual y toxicómano, pues en éstos un vicio afecta su salud e igualmente compromete su patrimonio, por ello las funciones del curador no solo se limitan a cuidar los bienes del curado sino igualmente van a estar dirigidas a recuperar, de ser posible, la salud del interdicto. Por separado analicemos quiénes son considerados ebrio y toxicómano.

Ebrio habitual.- Es el bebedor consuetudinario que a consecuencia de su vicio llega a exponerse o a exponer a su familia a caer en la miseria, necesitando asistencia permanente o a lo mejor constituye una amenaza a la seguridad ajena. El ebrio habitual de que trata el legislador es el alcohólico, el dependiente del licor; en éstos aparece una gran obnubilación del intelecto; el bebedor lo puede hacer por días y luego abstenerse temporalmente, otros en cambio tienen un proceso gradual. Rodríguez Herrera refiere que se justifica la incapacidad relativa porque éstos son abúlicos, sugestionables e impropios para prestar su libre consentimiento.

El artículo 586 del Código Civil al referirse al ebrio habitual alude al peligro de que el vicio lo conduzca a caer en la miseria, por lo tanto resulta lógico proveerlo de una persona que lo cuide a fin de que ese riesgo de la miseria no se convierta en realidad; asimismo, y ya en lo personal, la norma hace mención a que el vicioso requiera asistencia permanente o quizás constituya una amenaza a la seguridad ajena; sobre el particular debemos señalar que el dependiente del alcohol no tiene voluntad propia, y el descuido personal puede ser tal que el vicio lo lleve a contraer una serie de enfermedades, incluso con pérdida de su salud mental, convirtiéndolo en algunos casos en seres peligrosos; por todo ello se hace necesario el nombramiento del curador.
Resulta curioso cómo el legislador en este caso al referirse al alcohólico alude al término familia y no a herederos forzosos, como sí lo hace a propósito del mal gestor y pródigo, pues bien, el término familia comprende a un número mayor de parientes, familiares que directa o indirectamente dependan del vicioso.

Toxicómano.- Su sinónimo es el drogadicto; lo que caracteriza a este vicioso son los trastornos mentales producidos por la fármacodependencia que lo lleva a ser una persona carente de voluntad propia y expuesta a los riesgos de pérdidas patrimoniales, yen lo personal, al compromiso de su salud física y mental, además de que esa dependencia es fuente de actos que lindan lo legal y moral.

El legislador lo describe como aquel que, a causa del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, exponga a su familia a caer' en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena.
Resulta claro el trato legal igualitario del toxicómano con el ebrio habitual, radicando la diferencia únicamente en la causa material del vicio, por lo tanto el comentario que hicimos respecto al porqué del nombramiento de curador, y el término familia con respecto al ebrio habitual, también se aplican al toxicómano.


DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV. Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 1/, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.


TITULARES DE LA ACCiÓN DE CURATELA DEL PRÓDIGO Y MAL GESTOR

ARTICULO 587

Pueden pedir la curatela del pródigo o del mal gestor, solo su cónyuge, sus herederos forzosos, y, por excepción, el Ministerio Público, de oficio o a instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados.

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Obsérvese que el tema de la legitimidad para solicitar la curatela de los incapaces regulados en los artículos 584, 585 Y 586 se desarrolla por separado, agrupando a los pródigos conjuntamente con el mal gestor, y por otro lado está el grupo de los ebrios habituales y toxicómanos; se explica la diferencia en el trato legal por cuanto la causa que conduce a la interdicción, en el caso de los pródigos y malos gestores, está referida a un problema de orden patrimonial, mientras que en los segundos, la causa la constituye un vicio que termina siendo gravitante para la salud de los ebrios habituales y toxicómanos, y por ello en unos existe amplitud en cuanto a la posibilidad de acción, mientras que en los otros se reduce el número de personas para accionar.

En efecto, según el artículo 587 del Código Civil pueden pedir la curatela del pródigo y del mal gestor solo (término excluyente) su cónyuge, sus herederos forzosos y por excepción el Ministerio Público de oficio o a instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados. En el caso del cónyuge, ya nos hemos referido a que éste también es heredero forzoso, por lo que es ocioso nombrarlo, baste decir que el cónyuge no separado judicialmente tiene esta acción, y en cuanto a los herederos forzosos, éstos son, como ya se dijo, el cónyuge, descendientes y ascendientes del interdicto, todos ellos con legítimo interés económico y moral para accionar; ahora bien, si éstos fueran incapaces entonces se posibilita la acción de oficio por el Ministerio Público o a solicitud de algún pariente, dentro de los alcances del artículo 236 del Código Civil.
Sin embargo, cabe preguntamos qué ocurre si el pródigo o el mal gestor no tienen herederos forzosos, en esta situación nadie podría accionar, con lo cual se estaría condenando a que se produzca la miseria de estas personas; sobre el particular, creemos que toca al Ministerio Público una tarea de defensa de intereses de terceros para que no terminen siendo una carga para la sociedad, pero reconoce mas que el tema es delicado y la prudencia debería ser la mejor guía para la intervención de las autoridades.

DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV. Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires,1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 11, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998. Barcelona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 11, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.



TITULARES DE LA ACCiÓN DE INTERDICCiÓN DEL EBRIO Y TOXICÓMANO

ARTICULO 588

Solo pueden pedir la interdicción del ebrio habitual y del toxicómano, su cónyuge, los familiares que dependan de él y, por excepción, el Ministerio Público por sí o a instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena.

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 583 del Código Procesal Civil, que alude al incapaz que constituye grave peligro para la tranquilidad pública; en este caso, la demanda de interdicción puede ser presentada por el Ministerio Público o por cualquier persona.

Ahora bien, en el artículo bajo comentario, al emplear el término familiares, el legislador está posibilitando una mayor apertura en cuanto a la acción, pues debemos entender que éstos son los que viven con el interdicto, o que de alguna manera dependen directa o indirectamente del vicioso, y por lo tanto con legítimo interés para accionar, y ello en atención a que el término familiares no estaría limitado al artículo 236 del Código Civil, que como conocemos limita el parentesco consanguíneo colateral hasta el cuarto grado (primos hermanos, tíos abuelos, y sobrino nietos); en este caso y por tratarse de cautelar intereses que tocan a la persona, la acción para solicitar la interdicción y el nombramiento de curador se extiende a todos aquellos que tengan un nexo familiar, cercano o lejano con el presunto interdicto, y sobre todo que dependan directa o indirectamente de él.


DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrat, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV. Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Bar celona, 1982; LAFAILLE, Héctor. Curso de Derecho de Familia. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires,1930; MALLQUI, Max y MOMETHIANO, Eloy. Derecho de Familia. Lima, Ed. San Marcos, 2002; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; SPOTA, Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo 11, Derecho de Familia. Buenos Aires, Depalma, 1990; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.
NOMBRAMIENTO JUDICIAL DE CURADOR DATIVO

ARTICULO 589

La curatela de los incapaces a que se refieren los artículos 584, 585 Y 586 corresponde a la persona que designe el juez, oyendo al consejo de familia.

CONCORDANCIA:

C.C. arts. 584, 585, 586, 619YS5.

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Escuetamente refiere el artículo 589 del Código Civil que esta curatela corresponde a la persona que designe el juez oyendo al consejo de familia, que para tal efecto será formado. Merece crítica esta posición, pues aquí no se hace la diferencia que sí se hace a propósito de las personas llamadas a solicitar la figura de amparo de incapaz, y decimos que merece crítica en razón de que tratándose de los pródigos y malos gestores sí parece conveniente la designación que haga el juez, por cuanto no necesariamente existen entre los parientes de estos incapaces personas con conocimiento y aptitud para administrar patrimonios; además, porque tratándose de estos incapaces, lo que prima es el problema de orden patrimonial, pero ello no ocurre fundamentalmente en los ebrios habituales y toxicómanos, en los que si bien es cierto hay que cuidar que no caigan en la miseria, también es cierto que hay que cuidar la persona del incapaz; aquí sí tienen funciones que cumplir los parientes del interdicto, por ello creemos que debió mencionarse en el texto legal, que la primera opción deben tenerla los parientes del curado, esto es, lo que se denomina curatela legítima; sin embargo, no ha sido considerado así y la designación del juez no necesariamente tiene que recaer en un familiar, pues deja al arbitrio del magistrado tal designación.


DOCTRINA

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta Jurídica, 1998; DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. IV. Madrid, 1986; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULUDA, Francisco. Elementos de Derecho Civil, tomo IV Derecho de Familia. Bar

DEBERES DEL CURADOR DEL EBRIO HABITUAL Y DEL TOXICÓMANO

ARTICULO 590

El curador del ebrio habitual y del toxicómano debe proveer a la protección de la persona del incapaz, a su tratamiento y eventual rehabilitación conforme a las reglas contenidas en los artículos 576, 577 Y 578.

CONCORDANCIA:

C.C. arts. 576, 577, 578

Comentario

Benjamín Aguilar Llanos

Para los efectos de una amplia interpretación del artículo vamos a tratar el caso de los pródigos, malos gestores, ebrios habituales y toxicómanos, en cuanto a los deberes que le competen al curador, y lo hacemos así en razón de que no se ha previsto una norma particular para tratar este tema en cuanto a los primeros curados. Veamos:

Para el doctor Fernández Sessarego los casos de prodigalidad y mala gestión constituyen desarreglos mentales, y por ello se hace necesaria la designación de un curador; nos permitimos discrepar de esta opinión en cuanto se refiere al mal gestor, pues si bien es cierto que el pródigo sí puede constituir un caso de desorden mental en tanto que no tiene una apreciación razonada del valor de las cosas y de allí el despilfarro, no creemos que ello ocurra cuando se trata del mal gestor, en el que no está ausente el concepto real del valor de los bienes, pues lo que ocurre es una deficiencia o incompetencia para administrar o dirigir negocios y de allí la pérdida de parte de su patrimonio.

En todo caso, obsérvese que e.n ambos interdictos, lo relevante es evitar que se pierda el total del patrimonio pues se estaría afectando a los herederos forzosos del curado; en consecuencia lo que hay detrás de la curatela es un interés patrimonial antes que personal, y por ello deberá prohibirse al incapaz que practique sin consentimiento de su curador actos de disposición o gravamen, e incluso litigar ni practicar actos que no sean de mera administración de su patrimonio, pudiendo el juez inclusive limitar también la capacidad del interdicto en cuanto a determinados actos de administración; ahora bien, en lo que atañe a lo personal, el curador no tiene funciones que cumplir, pues se entiende que allí no radica el problema; sin embargo, el artículo 592 del Código Civil refiere que el curador representa legalmente a los hijos menores del incapaz, con lo cual se deja entre ver que se suspende el ejercicio de la patria potestad respecto del padre, o madre incapaz, posición ésta que se ve reafirmada con lo dispuesto por el artículo 75 inciso a del Código de los Niños y Adolescentes.
Varía ostensiblemente la situación cuando se trata del ebrio habitual y toxicómano, en los que, como ya lo hemos comentado, el problema cubre no solo el aspecto patrimonial de los interdictos, sino también el aspecto personal, y por ello las funciones del curador no deben limitarse a administrar el patrimonio del interdicto sino también a cuidar su persona, y por ese motivo el artículo 590 del Código Civil refiere que el curador del ebrio habitual y del toxicómano debe proveer a la protección de la persona del incapaz, a su tratamiento y eventual rehabilitación, y en casos especiales y con licencia judicial o audiencia del consejo de familia, la de internarlo en un establecimiento adecuado.

En consecuencia, las funciones del curador están referidas al cuidado del patrimonio del curado, impidiendo que se graven o disponga de los bienes, así como la de litigar, e incluso el juez puede limitar la administración total del patrimonio, encargándosela al curador, quien asimismo representa legalmente a los hijos del curado (se entiende cuando no se ejerce patria potestad por el otro cónyuge), yen lo concerniente a la persona del interdicto, las obligaciones de cuidado, socorro, defensa, están presentes.


DOCTRINA

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